Y dirán que yo estoy opinando

Durante 3 años viví en el Norte de Italia, en la región de Emilia-Romagna, donde realicé mi Tesis Doctoral en la Università degli Studi di Parma. En ese período realicé dos estancias de investigación para complementar la formación recibida y desarrollar colaboraciones científicas: una en la University of Nottingham (Reino Unido) y otra en el European Centre for Soft Computing (Asturias, España). A continuación, tras acabar mi Tesis Doctoral, trabajé durante un año como investigador postdoctoral en la Université d’Auvergne Clermont-Ferrand I en un laboratorio perteneciente al CNRS (equivalente francés del CSIC español) y, actualmente, llevo casi dos años como investigador postdoctoral en INRIA Grenoble Rhône-Alpes, siendo INRIA una de las principales instituciones del mundo en ciencias de la computación y matemáticas.

Tras estos casi seis años viviendo en el extranjero hay, entre otros, un aspecto que me ha llamado la atención de todos estos países en comparación con España: un mayor respeto por la llamada memoria histórica. Esta sensación ha vuelto con fuerza recientemente a raíz de que el pasado 20 de noviembre se cumplieran 40 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

Como dije, durante 3 años viví en Parma. Allí, en el centro, en una de las principales plazas de la ciudad (Piazzale della Pace) hay un monumento al Partigiano (un homenaje popular al resistente antifascista). Esta estatua representó para mí una grata sorpresa dado que en mi ciudad de origen (A Coruña), al menos cuando me fui de allí (año 2010), había una Avenida del General Sanjurjo (un militar golpista), una Avenida de los Caídos (dedicada, por lo tanto, a los caídos por la «cruzada en defensa de la civilización cristiana y occidental amenazada por la barbarie comunista«), una Calle de Juan Canalejo (jefe provincial de la Falange y organizador de las milicias armadas de la ciudad), una plaza dedicada al General Mola (golpista al mando del Ejército del Norte durante la guerra civil y corresponsable del bombardeo de Guernica), una Avenida Primo de Rivera (Miguel Primo de Rivera fue dictador entre 1923 y 1930, mientras que su hijo José Antonio Primo de Rivera fue el fundador de Falange Española), y una calle División Azul (división de infantería enviada por Franco a combatir en el frente ruso junto a los nazis), entre otras. Afortunadamente, Marea Atlántica está tratando de resolver estos entuertos desde que alcanzó la alcaldía. Dicha injusticia histórica, por supuesto (y por desgracia), no está presente sólo en A Coruña: por poner un ejemplo, antes de que el Ayuntamiento de Madrid (con la alcaldesa Manuela Carmena al frente) comenzase a eliminar el callejero franquista, había más de 150 vías, monumentos y plazas con nombres que homenajeaban el franquismo en la capital de España.

En Francia, durante un año viví en Clermont-Ferrand y desde hace algo menos de dos años vivo en Grenoble. En esta última ciudad, hay un museo gratuito sobre la resistencia antifascista, en donde se explica quiénes fueron los resistentes, qué representó la resistencia y qué ocurrió durante la segunda guerra mundial. Por no mencionar los numerosos monumentos y museos esparcidos por toda Francia e Italia dedicados a los caídos por la acción fascista durante la guerra mundial, a la resistencia, y a la lucha por la libertad. Esta cuestión de la resistencia antifascista, en España generalmente ignorada, no es un tema menor. En mayo de 2005, Víctor Erice y José Luis Guerín debatían en el Auditorio CCCB de Barcelona sobre las relaciones entre cine de ficción y documental. En la parte final de dicho debate, Erice aportaba este interesante comentario: “Cuando hace “La lista de Schindler”, él [Steven Spielberg] piensa que corre un gran riesgo comercial, que apuesta por mostrar una realidad, una época, una historia, difícil y cruel. Lo que es llamativo, y que a mí se me antoja un auténtico paradigma, es que, para hablar de los campos de exterminio, escoja como héroe o anti-héroe, en todo caso como protagonista, a un estafador que, gracias a su acción, logra salvar vidas. ¿Qué pone en juego para salvar estas vidas? El dinero. Merced al dinero las vidas pueden ser salvadas, las vidas pueden ser rescatadas. No creo que Spielberg actuara con cinismo pero, en esta acción de centrarse en un personaje que no cree en nada fundamentalmente, que es un traficante que utiliza el dinero, no descartando que la película tenga valores de denuncia interesantes, o que puedan ser estimables para un ciudadano escasamente informado, en esta operación se deja, y no por casualidad, la acción dónde, de la resistencia antifascista en los mismos campos de concentración, que no se movilizó a través del dinero sino a través de un pensamiento y de una conciencia, […] se tejió la idea de una comunidad en Europa hoy perdida que fue la de la resistencia ante el fascismo.”

También en Francia, en pleno centro de París, el jefe del Estado español inauguró recientemente un parque dedicado a La Nueve. Este parque es un homenaje a los integrantes del batallón que el 24 de agosto de 1944 lideró la liberación de la capital francesa de las fuerzas nazis. En dicho batallón, formado por 160 soldados, la inmensa mayoría eran republicanos españoles (fundamentalmente comunistas y anarquistas) que se habían visto obligados a dejar su propio país tras la victoria de Franco en la guerra civil. Resulta curioso que mientras se inauguran monumentos a favor de los luchadores antifascistas españoles que liberaron París, y mientras la Constitución Italiana prohíbe cualquier reorganización del Partido Fascista, dentro de nuestras fronteras exista la Fundación Francisco Franco, subvencionada por el Estado y cuyo «objetivo prioritario [es] la difusión de la memoria y obra de Francisco Franco»; se permitan misas en honor de Francisco Franco (en donde se alaba a Franco y a José Antonio Primo de Rivera asegurando que «debemos aprender la lección que nos dan estas grandes figuras de la Historia»); o exista en su forma actual el Valle de los Caídos («el único caso en Europa en el que los restos de un golpista criminal descansan, junto a los de sus víctimas, en un monumento de titularidad pública»). Incluso, cuando se eliminan antiguos privilegios y simbología franquistas, como la retirada de la medalla de oro de la ciudad de Aranjuez a Franco, en muchas ocasiones se realiza con la abstención del PP y Ciudadanos.

Recientemente, participé en una conferencia en Alemania. La conferencia fue en Munich (Baviera), de modo que aproveché y fui a visitar el campo de Dachau. Una vez allí, entre muchas otras cuestiones, la guía nos explicó que este tipo de visitas guiadas eran obligatorias para los estudiantes de instituto de cara a que conociesen esa parte de la Historia alemana. En mi opinión, sería muy positivo que en España se realizasen actividades similares, habida cuenta del gran número de represaliados, torturados y asesinados que hubo durante la guerra civil y la posguerra, así como de la existencia de numerosos centros en los que se recluyó a cientos de miles de represaliados por el franquismo (según el Anuario estadístico de España, que sólo contemplaba «la población penitenciaria», entre finales de 1939 y comienzos de 1940 llegó a haber 270.719 reclusos y 92.000 personas internadas en diferentes campos de concentración; en 2014 la población reclusa en España contabilizaba 65.017 personas). En relación con este punto, mientras el primer ministro francés (junto con otros tres ministros) inaugura un memorial recordando a los 60.000 seres humanos, incluyendo 20.000 españoles, que malvivieron en el Campo de Concentración de Rivesaltes, el mayor campo de concentración de Europa occidental, el gobierno de España (del PP) no envía representantes de nivel a dicho evento.

Como muestra de la esquizofrenia histórica existente en España pongamos un par de ejemplos más de personas populares y con cierta trascendencia social. Esperanza Aguirre, ex-presidenta del PP de Madrid, cuestionaba recientemente que el franquismo fuera impuesto por la fuerza a los españoles y tachaba de «Inquisición» a la comisión que revisaría los nombres de calles franquistas en Madrid. Esto tampoco debería sorprender demasiado dada la relativa frecuencia con que miembros del PP se niegan a condenar el franquismo o directamente se burlan de sus víctimas. El propio Manuel Fraga Iribarne en una entrevista concedida en 2007 comentaba lo siguiente: «pero los muertos amontonados son de una guerra civil en la que toda la responsabilidad, toda, fue de los políticos de la II República. ¡Toda!». También, muy recientemente, el popular cantante y presentador de televisión Bertín Osborne afirmaba: «Es que yo de verdad creo que en este país nos hemos pasado un poco tres pueblos todos. […] ¡Vamos a relajarnos un poco, que hace 45 años que murió este tío, o 43, o los que sean! […] ¡Pues ya está, vamos a olvidarnos de esto, coño! ¡Que ya han pasao muchos años! […] ¡Yo me he olvidado también, y a mí me mataron seis en Paracuellos ¿Entiendes? Yo sí me he olvidado, y si me olvido yo, se pueden olvidar los demás. Siete tíos carnales fusilados en Paracuellos. ¡A mí! ¡Y no lo digo nunca y yo lo he olvidado, joder! […] Porque no podemos sacar esto otra vez, cuarenta y tantos años después, o cincuenta años después. ¡Venga, coño! ¡Que ha habido muertos por todos lados! Que es que no podemos estar hoy en día, en el siglo XXI, en los años que estamos, otra vez con las dos Españas, venga por Dios. Que estaba superado esto hace muchos años.» Sería partidario de ignorar completamente las declaraciones de este sujeto si no fuese porque, desafortunadamente, más de uno podría prestar atención a sus comentarios y darles cierta credibilidad. El cantante olvida o ignora, seguramente entre muchos otros aspectos, tres importantes detalles:

1) el régimen franquista disfrutó de cuarenta años para recuperar a sus muertos y enterrarlos con toda los honores que estimó oportuno, mientras que hubo un bando al que se le negó la opción de honrar a sus muertos. El 9 de febrero de 1939, Franco firmó en Burgos la Ley de Responsabilidades Políticas, según la cual se declaraba “la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas”, que, con efectos retroactivos, desde el 1 de octubre de 1934, “contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España” y que a partir del 18 de julio de 1936 se opusieron al “Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave”. De hecho, Franco pidió un censo de desaparecidos de la guerra; encargó a un grupo de expertos un protocolo de exhumación, y preservó por ley las fosas comunes para que no se construyera sobre ellas. Pero, claro, todo únicamente para las víctimas de su bando. Múltiples leyes, decretos y órdenes publicadas en el Boletín Oficial del Estado dan cuenta de ello. Y todo esto mucho antes de que viniese Zapatero con su Ley de Memoria Histórica, según algunos, a «reabrir heridas» supuestamente cicatrizadas o a «olvidar la Transición y rememorar la guerra civil». La «Causa General informativa de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en la zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación», creada por el Ministerio de Justicia el 26 de abril de 1940, trató de «investigar cuanto concierne al crimen, sus causas y efectos, procedimientos empleados en su ejecución, atribución de responsabilidades, identificación de las víctimas y concreción de los daños causados» y, en la práctica, se convirtió en un instrumento estatal de estímulo a la delación y la venganza.

2) En relación con el punto anterior, no se debe olvidar que, según distintos informes coincidentes, España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos no han sido todavía recuperados ni identificados, tras Camboya.

3) Y tampoco se debe obviar que en España, tal y como recuerda con frecuencia Vicenç Navarro (Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra), la victoria de Franco significó el inicio de un régimen dictatorial que se caracterizó por su enorme brutalidad (en la misma línea que el profesor Edward Malefakis de la Universidad de Columbia y de Alberto Reig Tapia, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rovira i Virgili, Ismael Saz Campos, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, proporciona la siguiente información: «Mussolini ejecutó a veintisiete individuos desde 1922 hasta 1940. Mientras que Franco ejecutó al menos mil veces más personas entre los años 1939 y 1941. Teniendo en cuenta que la población italiana era bastante más elevada, la verdadera proporción debiera ser de mil ochocientos a uno y todavía podría ser más alta, de diez mil a uno, si medimos el ritmo de las matanzas, ya que la cifra italiana cubre dieciocho años y la española sólo tres») y que impuso un enorme retraso económico, político, social y cultural en España (en 1936, España e Italia tenían un nivel de desarrollo económico equiparable; mientras que en 1978 el PIB per cápita español era sólo el 62% del italiano).

Además, para desterrar la idea de que el franquismo es algo del pasado y ya superado, resulta fundamental conocer que, como indica el politólogo y periodista Lluc Salellas, de los últimos 50 ministros de Franco «ninguno fue degradado por la democracia. Al revés, la mitad fueron a parar a los consejos de administración de las grandes empresas, la otra mitad a la política» (de hecho, de los 16 diputados de Alianza Popular, origen del PP, en 1977, 13 habían sido ministros de Franco). De la misma forma, en declaraciones recientes, José García Abad, editor de El Siglo, consideraba que «en España todavía hay un sustrato franquista, un franquismo sociológico, autoritario, considerable. Y tiene una base importante de ciudadanos. Todavía hay reflejos franquistas en cantidad de cosas» o el historiador John H. Elliott opinaba que «el franquismo marca como una sombra el diálogo español [sobre la independencia de Cataluña]». El historiador Francisco Espinosa Maestre comentaba recientemente en una entrevista: «En otros países el fascismo fue derrotado, mientras que en España se perpetuó durante cuatro décadas y, aunque nunca abandonó del todo el recurso a la violencia que lo caracterizó desde el principio, se fue adaptando a los tiempos según le convenía. El gran reto fue permitir el sistema democrático sin que ello acarreara cambios en profundidad en los grandes poderes del Estado. Me refiero a los poderes económico, eclesiástico, militar y judicial. Todo se orientó, mediante una ley electoral ad hoc, a conseguir un sistema bipartidista que no pusiera en juego ninguna cuestión clave.»

Dos nombres ilustran de modo llamativo la visión que muchos tienen sobre la Historia reciente de España: Manuel Fraga (1922-2012) y Santiago Carrillo (1915-2012). En palabras del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova: «Fraga fue ministro de Franco, desde 1962 a 1969, y ministro del Gobierno de Arias Navarro que se formó tras la muerte de su caudillo, desde el 12 de diciembre de 1975 hasta el 1 de julio de 1976. Nunca fue ministro con la democracia. Su autoridad nació de la dictadura y tuvo después en sus manos durante unos meses, como ministro de Gobernación, todo el aparato represivo intacto, ese que cargaba en las calles contra los manifestantes, detenía y encarcelaba de forma arbitraria y sin garantías, torturaba en los cuarteles y comisarías y, si hacía falta, disparaba mortalmente a los trabajadores, como en Elda, Tarragona, San Adrián de Besós, Basauri o en el asalto policial a la iglesia vitoriana de San Francisco de Asís, una masacre que dejó cinco muertos y decenas de heridos. Y todo ello en apenas medio año, donde quedó al descubierto el talante reformista de los franquistas sin Franco, cómo trataban a opositores y huelguistas, «desórdenes callejeros» los llamaban, y la impunidad de las fuerzas armadas.» Mientras que Santiago Carrillo, a pesar de todas sus sombras, tal y como comenta el historiador Carlos Gil Andrés en el libro «40 años con Franco» (págs. 159-163), «abanderó la renovación con una apuesta clara por una política de «reconciliación nacional», por la búsqueda de acuerdos con el resto de la oposición antifranquista y el objetivo común de un cambio pacífico y democrático. […] El papel que desempeñó en la transición a la democracia destacado por todos cubrió las luces y las sombras de un pasado mucho más incómodo, espinoso y controvertido. Toda una vida contra Franco.» La equidistancia que presentan muchas personas para con estos dos personajes históricos, cuando no clara preferencia por el primero de ellos, me resulta llamativa porque yo no conozco demasiados casos en otros países «avanzados» en donde se equipare a un fascista con un antifascista, siendo considerado incluso el fascista como un hombre de estado y un demócrata más respetable y de mayor altura política y humana que el luchador antifascista. Cuando esto ocurre: cuando fascistas y antifascistas son considerados merecedores del mismo respeto o del mismo desprecio, cuando agresores y resistentes son juzgados en los mismos términos, tengo la impresión de que dicha sociedad pierde la perspectiva y el sentido de la justicia a la hora de juzgar su pasado (y, por lo tanto, su presente). Con esto no pretendo demonizar ni santificar a ninguno de estos dos personajes históricos, pero está claro que uno estaba en el bando defensor de la legalidad vigente, y el otro se alineaba con los golpistas; uno se vio obligado a exiliarse y vivir décadas en el extranjero, mientras que el otro disfrutó de una posición privilegiada dentro de una dictadura (de la que no renegó jamás); uno defendía una serie de ideales de emancipación y justicia social, mientras que el otro defendía unos valores antidemocráticos y un nacionalismo excluyente propios del fascismo. El catedrático Vicenç Navarro opina lo siguiente: «Otro ejemplo del coste elevadísimo de olvidar la historia es la resistencia a eliminar todos los símbolos de la dictadura en las calles y en la vida pública de España, argumentando que hay una incoherencia entre querer suprimir a los personajes de la Dictadura y a la vez mantener, o incluso promover, a personajes –como Santiago Carrillo o la Pasionaria, dirigentes del Partido Comunista- que son equiparados a los líderes de las fuerzas políticas que realizaron y apoyaron el golpe militar, formando más tarde parte de la dictadura. Se asume así una equidistancia en cuanto a la asunción de responsabilidades, justificada en la necesidad de tener una visión equilibrada de nuestra historia, mirando no solo a un lado, sino también al otro. […] Esta supuesta neutralidad es, sin embargo, profundamente injusta […] pues se pone en la misma categoría a los que destruyeron la democracia (los que establecieron y colaboraron con la dictadura) y a los que la defendieron. El Partido Comunista defendió la República y más tarde se distinguió en la lucha contra la Dictadura, liderando la resistencia frente a ella. Que el Partido Comunista cometiera errores y realizara prácticas denunciables (muchísimo menores que las realizadas por el Ejército español y por la Falange) durante el periodo de la Guerra Civil no niega la labor importante que realizó en defensa de la República y en contra de la Dictadura. Poner a la Pasionaria y a Carrillo en la misma categoría que al General Millán-Astray me parece de una aberración antidemocrática extrema, que solo se puede entender en un país con una escasísima cultura democrática, en donde todavía hay un enorme monumento al Dictador que ha sido responsable del mayor número de asesinatos de españoles y de demócratas (como porcentaje de la población) que haya existido en Europa. «

Sin duda, a toda esta confusión imperante en España contribuyen voces como las de Stanley Payne, César Vidal o Pío Moa. Voces que son contrarrestadas por eruditos en la materia como el catedrático emérito de la Universidad Complutense Ángel Viñas: «Tenía por Payne el mayor de los respetos como historiador y solía ser ávido lector de sus obras. En términos académicos, mi dosis de respeto ha menguado. Payne no hace investigación de archivo. Y lo que necesitamos precisamente en este momento es fundamentar interpretaciones históricas sobre evidencias de primera mano de los archivos. Pero esa no es la peor parte. Aunque opera todavía so capa de rigor erudito, en la actualidad Payne es poco más que un producto y un defensor de la visión conservadora que insiste, contra toda evidencia, en culpar a la izquierda y a los reformistas republicanos del estallido de la Guerra Civil. Desde un punto de vista académico, la metodología y los presupuestos de Payne no tienen, sencillamente, fundamento. Y la protección que otorga a los payasos neofranquistas que se llaman historiadores es, la verdad, bastante repelente.» El mismo catedrático afirma con claridad lo siguiente en otra entrevista: «El discurso oficial franquista es que la parte más sana del ejército y de la sociedad española se levanta en armas el 18 de julio para evitar que el país se precipite por el abismo de una revolución comunista. Esto no me lo invento, son cosas publicadas anteayer. El problema es que no fue así. Lo que sabemos seguro, y lo he publicado en otro libro, es que los monárquicos españoles acudieron a Mussolini con dinero de Juan March para apalabrar el equivalente a 50 millones de euros actuales. No era dinero para preparar un golpe de mano, sino una guerra larga que sabían que se iba a producir. Tenían claro que el golpe no iba a triunfar y que habría una guerra civil. Todos los documentos que he recopilado al respecto están en la calle Alcalá 93 y se puede acudir a consultarlos.»

Lo que hay que tener claro, fuera de toda duda, es que Franco y el franquismo fueron un inmenso desastre para España. Un desastre que, gracias al trabajo riguroso de historiadores profesionales, cada vez se percibe con mayor nitidez y con más y mejores argumentos. Argumentos que desmontan, uno tras otro, los inefables mitos creados por el franquismo (y que, como cruel venganza del pasado, todavía son sostenidos por algunos despistados a día de hoy): ni la República fue un fracaso absoluto que conducía inexorablemente a una guerra, ni el asesinato de Calvo Sotelo provocó el golpe de estado, ni Franco fue una persona austera y honrada que nunca se enriqueció tras llegar al poder, ni la guerra civil fue diseñada y ejecutada inicialmente como una contrarrevolución para salvar España del anticlericalismo, ni había una revolución comunista en marcha, ni Franco con su astucia política evitó que España entrase en la segunda guerra mundial, ni tampoco Paracuellos fue como nos contaron (sino que «se ha convertido en la contraseña taumatúrgica para oscurecer, de forma pavloviana, un terror mucho más brutal»). Y, por supuesto, el franquismo convirtió España en un páramo intelectual, tal y como narra Manuel Castillo, catedrático emérito de Historia de la Ciencia en la Universidad de Sevilla: «José Ibáñez Martín, ministro de Educación entre 1939 y 1951, asumió la decisión de “recristianizar la sociedad”. La represión vació la universidad. De los 580 catedráticos que había, 20 fueron asesinados, 150 expulsados y 195 se exiliaron. La Iglesia supervisó o participó en cada una de estas denuncias.» No me resisto a citar aquí un párrafo incluido en el libro «Los mitos del 18 de Julio» en donde Francisco Sánchez Pérez, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, comenta lo siguiente (página 12): «Pero no había antes de la guerra una «violencia revolucionaria» o un «terror rojo» extendido, no había ninguna dinámica de exterminio ni liquidación de los enemigos de clase que pudiera continuarse tras el 18 de julio, es decir no se asesinaba a las «gentes de orden», pues lo demuestra que el número de empresarios y propietarios que lo fueron en los meses anteriores al 18 de julio es ínfimo y el de religiosos inexistente. Por lo que sabemos murieron más empresarios, identificados con nombres y apellidos, entre 1919 y 1923 en toda España que en la primavera de 1936, y entonces no hubo ninguna guerra sino lo de siempre, una dictadura al uso. Con respecto a los religiosos baste decir que en 1923 fue asesinado un arzobispo y cardenal (Soldevila), lo que no ocurrió en toda la República. «

Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, equiparó en el verano de 2013 el uso de la bandera franquista con el de la bandera republicana, así como afirmó que la República fue responsable de un millón de muertes. La respuesta del catedrático Julián Casanova no pudo ser más clara: «Hubo una guerra y una larguísima dictadura que mediatizó los recuerdos de la guerra civil porque dividió España entre vencedores y vencidos. La larga posguerra crea una división profunda, donde no hay una educación política sobre esa historia. Perdimos tres décadas de nuestra vida. Mientras otras sociedades se planteaban el porqué del holocausto, del nazismo o del comunismo, nosotros no pasamos por esa fase. Eso hace que haya muchas personas que sólo han oído hablar de la Historia por las influencias familiares, afectos o amistades. A esa gente da igual que yo les diga que lo que ha comentado Hernando es una barbaridad porque no se lo va a creer. Y dirá que yo estoy opinando.»

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:

– «CUARENTA AÑOS CON FRANCO», coordinado por Julián Casanova, CRITICA, 2015

«LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA«, de Eduardo González Calleja, Francisco Cobo Romero, Ana Martínez Rus y Francisco Sánchez Pérez, PASADO Y PRESENTE, 2015

– «LOS MITOS DEL 18 DE JULIO», coordinado por Francisco Sánchez Pérez, CRITICA, 2013

– «EN EL COMBATE POR LA HISTORIA», coordinado por Ángel Viñas, PASADO Y PRESENTE, 2012

– «HISTORIA DE ESPAÑA (VOL. VIII): REPUBLICA Y GUERRA CIVIL», Julián Casanova, CRITICA, 2007

– «LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA», Paul Preston, DEBATE, 2006